Promoción industrial
LEONARDO M. TOIA
Promoción industrial.
La proyección de su crisis histórica en la configuración de su situación jurídica.
Prólogo de Horacio Rosatti.
El artículo 75, inciso 18 de la Constitución nacional establece, entre otras competencias del Congreso Nacional, la “promoción de la industria”, entendida desde el paradigma liberal como la remoción de los obstáculos para que el sector privado avance en la materia.
La historia económica argentina de los últimos cien años marca un intento de transformación de la matriz productiva para dar respuesta a la necesidad de la sustitución de importaciones de origen industrial. Los avatares políticos a lo largo de ese período han provocado orientaciones a menudo contradictorias, porque se ha pasado de un Estado que ejerce un papel activo y coordinador de la economía a otro prescindente so pretexto de la eficiencia, tendencia que parece haberse revertido en los últimos quince años.
Sin embargo, los gobiernos que se decían defensores del libre mercado aplicaron tantos regímenes de promoción y asistencia como los intervencionistas. El marco legal que ha guiado estas marchas y contramarchas se ha engrosado notablemente en todo ese tiempo. Los decretos e incluso las normas de jerarquía inferior han sido tan o más importantes que las leyes.
El autor, en un documentado estudio de la cuestión, realiza una importante contribución al debate sobre la primacía de la economía o de la política, que se ha renovado con la reforma constitucional de 1994. La “cláusula del progreso”, hoy llamada “del desarrollo humano”, debe entenderse como una contribución temporal de los contribuyentes a quienes reciben los beneficios de los regímenes de promoción industrial, que tienen la obligación social y moral de devolver esos aportes en futuro bienestar.
246 páginas.
2020.
