1 cuota de $56.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.800 |
3 cuotas de $18.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.800 |
2 cuotas de $33.608,56 | Total $67.217,12 | |
6 cuotas de $12.525,35 | Total $75.152,08 | |
9 cuotas de $8.861,43 | Total $79.752,88 | |
12 cuotas de $7.024,27 | Total $84.291,20 | |
24 cuotas de $5.041,24 | Total $120.989,68 |
3 cuotas de $22.915,01 | Total $68.745,04 |
3 cuotas de $24.202,48 | Total $72.607,44 | |
6 cuotas de $13.329,07 | Total $79.974,40 |
6 cuotas de $13.424,68 | Total $80.548,08 | |
9 cuotas de $10.045,40 | Total $90.408,56 | |
12 cuotas de $8.227,01 | Total $98.724,08 |
18 cuotas de $5.725,12 | Total $103.052,24 |
3 cuotas de $18.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.800 |
6 cuotas de $9.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.800 |
9 cuotas de $6.311,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.800 |
12 cuotas de $4.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.800 |
Demandas contra el Estado.
Razonabilidad de las condiciones especiales de su admisibilidad.
Un estudio sobre los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para demandar al Estado y el análisis de la constitucionalidad de cada uno de ellos.
Autor/es:
MARCER, Ernesto A.
Edición: 2013 | 186 págs. | 23 x 16 cm
Cod: 472-1 Rústica | 2ª EDICIÓN
ISBN:978-950-894-943-1
Introducción: Los objetivos perseguidos. Marco teórico. Objetivo. Hipótesis. Historia de la demandabilidad estatal en el derecho federal argentino: Antecedentes. La distinta interpretación de la teoría de la división de poderes y los diversos sistemas contencioso-administrativos. El período anterior a la Constitución Nacional de 1853. Desde la sanción de la Constitución en 1853 hasta la ley 19.549 de 1972. La Ley nacional 19.549 de Procedimientos Administrativos. Los proyectos de Código Contencioso Administrativo Federal y la ley 25.344. Descripción del sistema de las causas contencioso-administrativas en el derecho federal: El sistema en general. Situaciones especiales. Amparo y vías de hecho, amparo por mora y acciones declarativas. La Administración actora. Descripción de las condiciones de admisibilidad de las demandas contra el estado nacional y sus entidades Autárquicas. El agotamiento de la vía administrativa y sus consecuencias. El plazo de caducidad: La impugnación judicial de las «vías de hecho» y «hechos administrativos» realizados por la Administración pública nacional «centralizada», «descentralizada burocráticamente» o «desconcentrada» y las «entidades autárquicas», La impugnación judicial de los actos administrativos de alcance particular, emanados del Estado nacional y de sus entidades autárquicas. El plazo de caducidad. La impugnación por vía reconvencional. Las demandas no impugnatorias de actos. Necesidad de reclamo. La situación del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Los recursos directos contra actos administrativos. De las condiciones especiales de admisibilidad de las demandas contra el estado. La cuestión de la legitimación especial: La legitimación especial (derecho subjetivo o interés legítimo). La cuestión de la legitimación procesal. Concepto de interés simple, interés legítimo y derecho subjetivo. La situación jurídica (legitimación) y la protección judicial en el derecho federal. La cuestión en el derecho provincial. De las condiciones especiales de admisibilidad. El pago previo. El concepto de razonabilidad y su control judicial: Régimen de control de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico argentino. ¿Existen reglas fijas para el análisis de la razonabilidad? El análisis particularizado de la razonabilidad de las condiciones especiales de admisibilidad de las demandas contra el Estado: Preliminar. Lo que no será objeto de análisis. La finalidad de los requisitos y el método de análisis. ¿Es razonable el requisito de agotamiento de la vía administrativa? ¿Es razonable el requisito de impugnar los actos administrativos en sede administrativa o en sede judicial en plazo breve? ¿Es razonable establecer una legitimación restrictiva para impugnar los actos administrativos en sede judicial? ¿Es razonable el requisito del pago previo para impugnar los actos administrativos en sede judicial? Conclusiones